¿Qué es un recurso contencioso administrativo?

¿En qué situaciones se utiliza un recurso contencioso administrativo?

Se recurre a esta vía cuando un particular, una empresa, e incluso una Administración, considera que una actuación administrativa vulnera el ordenamiento jurídico. Se trata de un recurso subsidiario y, como tal, solo se puede interponer una vez que se ha agotado la vía administrativa previa (salvo cuando la ley exime expresamente de este requisito).

Impugnación de actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa

Actos que causan perjuicio y que ya no se pueden recurrir frente a la propia Administración que los dictó. Por ejemplo, la denegación de una licencia urbanística, la resolución de un expediente sancionador o la denegación de la nacionalidad española.

Impugnación de disposiciones de carácter general

Un reglamento, un decreto, una orden o una disposición reglamentaria que se considera contraria al ordenamiento jurídico o a los principios generales del Derecho. En este caso el recurso tiene un alcance más abstracto y no es necesario que se haya producido una afectación individual previa.

Por ejemplo, un sindicato puede recurrir el reglamento dictado por una consejería autonómica si estima que establece condiciones laborales ilegales.

Inactividad de la Administración

En aquellos casos en los que la Administración está obligada por la ley a actuar y no lo hace, se puede interponer un recurso contencioso administrativo. Un caso sería aquel en el que no ejecuta actos firmes, como abonar la responsabilidad patrimonial reconocida por sentencia.

Vía de hecho

Se produce cuando la Administración actúa sin respaldo legal o se sale del procedimiento legalmente establecido. Un ejemplo podría ser el derribo de una construcción sin haber dictado previamente la orden de derribo.

Contratos administrativos

Las controversias relacionadas con la preparación, adjudicación, efectos y extinción de los contratos administrativos como los de obras públicas o los de servicios, también se pueden resolver a través de esta vía legal.

Reclamaciones patrimoniales contra la Administración

Para impugnar resoluciones que deniegan una solicitud de responsabilidades patrimonial. También en aquellos casos en los que la Administración no responde ante una petición de este tipo.

Ejemplos comunes de recursos contenciosos administrativos

Algunos de los supuestos más habituales que conocen los tribunales de lo contencioso-administrativo tienen que ver con estas materias:

Sanciones administrativas

Es muy frecuente que se impugnen sanciones impuestas por la Administración:

• Multas de tráfico impuestas por los ayuntamientos o por la Dirección General de Tráfico (DGT).
• Sanciones por infracciones urbanísticas.
• Multas por incumplimiento de la normativa de medio ambiente.

Por ejemplo, un comerciante que ha recibido una multa por vender productos caducados, puede impugnar la sanción alegando que no se han respetado las garantías del procedimiento.

Denegación de licencias o autorizaciones

Ciertas actividades requieren de una licencia o autorización previa por parte de la Administración. Si esta la deniega, se puede recurrir judicialmente frente a su decisión.

Por ejemplo, una promotora inmobiliaria que recurre la negativa del ayuntamiento a conceder una licencia de obra mayor, alegando que su petición cumple con lo previsto en el planeamiento urbanístico y, por tanto, se le debería conceder dicha licencia.

Acceso al empleo público

Los procesos de oposiciones generan muchas reclamaciones en vía contencioso-administrativa. Es muy común:

• La impugnación de las bases de la convocatoria por considerar que es discriminatoria o contraria a Derecho.
• La reclamación frente a la puntuación.
• La petición de exclusión de opositores que no cumplen los requisitos.
• Denegación de la toma de posesión a pesar de haber superado las pruebas selectivas.

¿Cuál es el plazo para interponer un recurso contencioso administrativo?

El plazo depende del acto o situación administrativa que se desea impugnar:

Actos expresos y presuntos que agotan la vía administrativa

El plazo general es de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación del acto. Cuando el acto es presunto (silencio administrativo) el plazo es de seis meses, a contar desde el día siguiente a aquel en el que se entiende desestimada la solicitud por silencio administrativo.

Disposiciones generales

El recurso se puede interponer en un plazo de dos meses a contar desde la publicación oficial de reglamento, ordenanza, decreto, etc., frente al que se desea reclamar.

Inactividad de la Administración y vía de hecho

En estos casos el plazo es más flexible y no está sujeto a términos estrictos, aunque se debe ejercitar la acción tan pronto como se produzca o se conozca la vulneración del derecho. La jurisprudencia ha señalado que no hay que dejar transcurrir «un plazo excesivo».

El plazo se puede interrumpir mediante la presentación del recurso administrativo previo. Comenzará a contar de nuevo una vez que se notifique la resolución dictada por la Administración o cuando se entienda desestimada la solicitud del interesado mediante silencio administrativo.

De conformidad con la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, los plazos se computan por días hábiles. Quedan excluidos los sábados, los domingos y los festivos. Además, si el último día de plazo es un día inhábil, se prorroga hasta el siguiente día hábil.

¿Cómo se presenta un recurso contencioso administrativo?

El procedimiento se sustancia ante el órgano competente, que puede ser:

• Juzgados de lo contencioso-administrativos.
• Salas de los contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
• Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo.

Escrito inicial

Antes de interponer la demanda se presenta un escrito que abre el proceso y permite que el órgano judicial requiera el expediente a la Administración. El escrito de interposición debe contener:

• Identificación del demandante y de su representante legal.
• Identificación del acto o disposición impugnada.
• Órgano autor del acto.
• Exposición sumaria de los hechos y fundamentos que motivan el recurso.
• Petición de que se tenga el recurso por interpuesto y se requiera la remisión del expediente administrativo al tribunal.

A este escrito se acompañan todos los documentos que se estimen pertinentes, como la copia del acto impugnado, o los que acreditan la legitimación para recurrir.

Demanda

Tras el escrito, y una vez que el expediente ha llegado al juzgado, se abre un plazo de 20 días para presentar la demanda.

Fases del procedimiento contencioso administrativo

La tramitación puede variar en función de si se siguen los cauces del procedimiento ordinario o del abreviado. Para el procedimiento ordinario, que es el más habitual, los pasos que hay que dar son los siguientes:

Emplazamiento de las partes

Tras haber presentado el escrito de interposición del recurso, y una vez que el órgano judicial tiene el expediente en su haber y el interesado ha presentado la demanda, el juzgado da traslado de la misma a la Administración y a los terceros personados.

Todos ellos tienen un plazo de 20 días para presentar su contestación a la demanda. Pueden exponer sus argumentos u oponerse a lo que solicita el demandante.

Prueba

Si se estima conveniente practicar pruebas, el juez dicta un auto de admisión de prueba y abre un plazo de 15 días para la proposición de las mismas. Se resuelve sobre su admisión en la vista oral o por escrito, según el caso.

Conclusiones y vista

Finalizada la fase probatoria, el tribunal puede:

• Señalar fecha para celebrar una vista pública. Si lo estima conveniente para resolver cuestiones jurídicas complejas o valorar pruebas personales.
• Conceder un plazo a las partes para que presenten sus conclusiones por escrito.

Sentencia

Una vez finalizados todos los trámites anteriores, el órgano judicial dicta su sentencia en un plazo de 10 días tras la vista o el trámite de conclusiones. No obstante, en la práctica, es normal que la resolución se demore más tiempo.

Posibles resoluciones del recurso contencioso administrativo

La sentencia puede resolver en diferentes sentidos:

Estimación total del recurso

Se estima íntegramente la reclamación del demandante, lo que puede implicar:

• Declaración de nulidad del acto o disposición impugnada.
• Reconocimiento del derecho invocado.
• Condena a la Administración a llevar a cabo una actuación.

Estimación parcial

Si el tribunal considera que solo una parte de las pretensiones del recurrente son fundadas. En estos casos las alternativas son:

• Anular parcialmente el acto administrativo.
• Reconocer parcialmente el derecho solicitado.
• Modificación o reinterpretación del acto impugnado.

Desestimación del recurso

Se desestima el recurso si el tribunal considera que el acto o disposición impugnados son conformes a Derecho. En este caso:

• El acto administrativo queda confirmado.
• Se puede condenar en costas al recurrente, si actuó con temeridad o si el tribunal lo considera adecuado atendiendo a criterios de vencimiento objetivo.

Inadmisión del recurso

Si el tribunal detecta un defecto procesal insubsanable, como la falta de legitimación del recurrente o que el recurso se ha presentado fuera de plazo, procede a su inadmisión y no entra a conocer del fondo del asunto.

Satisfacción extraprocesal

Durante la sustanciación del proceso la Administración puede aceptar las pretensiones del recurrente, haciendo que desaparezca el objeto del recurso. En este caso el proceso finaliza mediante un auto que ordena el archivo de las actuaciones.

¿Qué viene después del recurso contencioso administrativo?

Si no se recurre la sentencia, esta gana firmeza y se puede solicitar su ejecución. Pero también se puede interponer recurso frente a ella durante el plazo legalmente previsto. En estos casos procede (si se cumplen los requisitos para ello):

• Recurso de apelación.
• Recurso de casación.
• Recurso de amparo constitucional.

El recurso contencioso administrativo se configura como un instrumento para el control jurisdiccional de la actuación de la Administración Pública. Para que los ciudadanos puedan defender sus derechos e intereses legítimos frente a actos administrativos que consideran injustos o contrarios a Derecho. Pero para poder interponerlo hay que cumplir con los requisitos y los plazos legalmente establecidos.

Excerpt: El recurso contencioso administrativo es una herramienta para que los ciudadanos puedan defender sus derechos e intereses, cuando estos son vulnerados por una acción o una omisión de la Administración Pública.