Despido colectivo

¿Qué es un despido colectivo y cuándo se aplica?

El despido colectivo, conocido como ERE (Expediente de Regulación de Empleo), se produce cuando una empresa decide despedir a varios trabajadores por motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción. No son despidos puntuales, sino una medida que responde a una situación concreta que afecta a un número significativo de empleados.

En España, esta figura se recoge en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015). La normativa establece los requisitos, el proceso de negociación y las garantías que protegen a los trabajadores. A diferencia del despido individual, este cese colectivo exige el diálogo con los representantes de los trabajadores y el cumplimiento de una serie de formalidades legales.

Causas legales que justifican un despido colectivo

Un despido colectivo solo puede aplicarse cuando la empresa tiene motivos reales y justificados. Actualmente, la ley reconoce cuatro tipos de causas: económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP). Además, también se debe demostrar que el ERE es necesario para mantener su actividad o adaptarse a cambios importantes.

Causas económicas

Las causas económicas se producen cuando la empresa pasa por una mala racha financiera, ya sea por pérdidas o una caída constante de los ingresos. Por ejemplo, una cadena de tiendas que cada vez vende menos, acumula deudas y ya no puede asumir todos los costes de su plantilla.

Causas técnicas

Las razones técnicas aparecen cuando se introducen cambios en los medios de producción, como una nueva maquinaria o la digitalización de los procesos. Si una empresa implanta un sistema de gestión digital para automatizar la facturación, la contabilidad o el servicio de atención al cliente, podría necesitar menos personal para realizar estas tareas administrativas.

Causas organizativas

También puede ocurrir cuando existe una reestructuración interna o cuando se reparten las nuevas tareas entre los empleados. Esto ocurre, por ejemplo, tras una fusión empresarial, donde algunos puestos de trabajo dejan de ser necesarios, aunque la empresa continúe funcionando con normalidad.

Causas de producción

Por último, también es válido si la empresa tiene menos carga de trabajo porque baja la demanda de sus productos o servicios. Puede ocurrir, por ejemplo, si pierde clientes de forma continua o si el mercado cambia y ya no necesita producir tanto como antes. En esos casos, ya no necesitaría el mismo personal para hacer frente a su actividad habitual.

Requisitos del despido colectivo

Cuando una empresa se ve obligada a reducir de forma significativa su plantilla, no puede hacerlo de manera arbitraria. El ERE está regulado por la ley para proteger a los trabajadores y garantizar que se cumplan sus derechos antes de tomar decisiones que afecten a un número significativo de empleados.

Por eso, conocer estos requisitos es fundamental tanto para las empresas como para los propios trabajadores. Veamos algunos de los aspectos clave:

• Empresas con menos de 100 trabajadores. En este caso, se considera despido colectivo cuando al menos 10 empleados de la plantilla pierden su puesto de trabajo en un período de 90 días. La ley lo establece así para proteger a los trabajadores de empresas pequeñas, donde cada puesto es clave para que todo funcione.

• Empresas de entre 100 y 300 trabajadores. Aquí, el cese laboral afecta a un mínimo del 10 % de la plantilla durante un periodo de 90 días. Esto quiere decir que, cuanto más grande sea la empresa, mayor será el número de despidos necesarios para que se considere un ERE. Por lo que solo se aplicará cuando realmente afecte a un grupo importante de trabajadores.

• Empresas con más de 300 trabajadores. En las empresas grandes, este cese masivo se da cuando al menos 30 empleados se ven afectados en un plazo de 90 días. Este límite protege a los trabajadores, garantizando que incluso en compañías con muchos trabajadores no se produzcan despidos masivos sin justificación.

Además de cumplir con los umbrales de los trabajadores afectados, un despido colectivo solo puede llevarse a cabo si existen causas justificadas, como hemos indicado anteriormente. En cualquier caso, es fundamental garantizar las indemnizaciones y los derechos de los trabajadores afectados, cumpliendo con la normativa vigente.

El procedimiento legal

Cuando una empresa se plantea despedir a sus trabajadores, no se trata solo de notificar su decisión en el plazo previsto. Existe un procedimiento legal con varias fases que garantizan que sus derechos estén protegidos y que las decisiones se hagan con transparencia. Entender las etapas del proceso permite saber qué pasos debe cumplir la empresa.

Fase previa: preaviso

Si una empresa decide cerrar una o varias sedes que afecten a más de 50 trabajadores, la ley exige un preaviso mínimo de seis meses, según el Real Decreto 608/2023, de 11 de julio. La empresa debe comunicar su decisión a la Dirección General de Trabajo, al Ministerio de Trabajo y a las organizaciones sindicales más representativas. El objetivo es que todos los implicados sepan con tiempo lo que pasará y puedan organizarse para que las consecuencias sean menos duras.

Fase inicial: comunicación a los empleados

En esta fase, la empresa debe informar a los trabajadores y a sus representantes de su intención de iniciar el procedimiento y formar la comisión negociadora. También tiene que entregar la documentación con las causas del despido, el número de empleados afectados, el informe técnico y, si corresponde, los datos contables. Toda esta información será revisada por la Inspección de Trabajo, que verificará que las causas estén debidamente justificadas.

Fase de negociación: periodo de consultas

Durante el periodo de consultas, que puede durar entre 15 a 30 días, la empresa y los representantes de los empleados se reúnen para analizar la situación y buscar la mejor solución. En estas reuniones se proponen las medidas adecuadas como la formación, reubicación dentro o fuera de la empresa y el reciclaje profesional, para ayudar a los trabajadores a adaptarse a sus nuevos puestos de trabajo.

Fase final: compensaciones disponibles

Al terminar las negociaciones, la empresa informa a la Dirección General de Trabajo sobre los resultados y notifica individualmente a cada trabajador, cumpliendo con los plazos que establece la normativa. De esta manera, cada empleado recibe información clara sobre su situación, la fecha de finalización del contrato y las compensaciones disponibles.

El objetivo de este proceso es que el despido colectivo se lleve a cabo de forma ordenada y justa. Su propósito es minimizar el impacto sobre los trabajadores y garantizar que se respeten sus derechos en todo momento. De esta manera, la empresa cumple la ley con transparencia, evitando conflictos innecesarios y facilitando una salida justa para todas las partes.

Derechos de los trabajadores afectados

Ante estas circunstancias, los trabajadores cuentan con varios derechos que protegen tanto su situación económica como laboral. Estos son algunos de los más importantes:

• Indemnización. Quienes se vean afectados tienen derecho a una compensación mínima de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.

• Derecho a prestaciones por desempleo. Los trabajadores pueden acogerse al paro siempre que cumplan los requisitos de cotización, garantizando un respaldo económico mientras buscan un nuevo empleo.

• Apoyo para colocarse. Si la empresa tiene más de 50 empleados, debe ayudar a los trabajadores a encontrar un nuevo empleo y retribuirles con 6 horas semanales durante el periodo de preaviso.

• Prioridad laboral. Los representantes de los trabajadores tienen preferencia para conservar su puesto de trabajo y garantizar que el proceso se realice respetando sus derechos.

Cómo impugnar un despido colectivo

El trabajador dispone de 20 días hábiles desde la notificación del despido para presentar una papeleta de conciliación ante el SMAC o el órgano correspondiente de su comunidad autónoma. Si no se alcanza un acuerdo en esta fase, puede interponerse una demanda ante el Juzgado de lo Social, de manera individual o colectiva a través de los representantes. En este proceso es obligatorio contar con un abogado, para garantizar una defensa adecuada de sus derechos.

En Javaloyes Legal estamos disponibles para ayudarte a comprender tus derechos y diferentes opciones sin que te sientas presionado. Nuestro propósito es orientarte para que puedas tomar aquellas decisiones que protejan tu bienestar y tu futuro laboral.