¿Cómo demostrar administración desleal?

Qué es la administración desleal y por qué se considera delito

La administración desleal está regulada en el artículo 252 del Código Penal. De acuerdo con este artículo, cometen este delito quienes, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno (ya sea por ley, por mandato de autoridad o por negocio jurídico) se exceden en ese ejercicio y causan un perjuicio al patrimonio administrado.

Se considera un delito patrimonial dentro del grupo de las defraudaciones. El bien jurídico protegido no es solo la propiedad de quien sufre el perjuicio, sino también la integridad del patrimonio administrado y la correcta gestión de los recursos bajo administración.

Antes de la reforma de la LO 1/2015, el delito estaba tipificado especialmente en el ámbito societario (antiguo artículo 295 CP), pero la reforma introdujo una versión genérica más amplia para abarcar cualquier situación en que una persona administra patrimonio que no le pertenece.

Conductas que constituyen administración desleal

Las conductas típicas de administración desleal pueden variar bastante, pero entre las más recurrentes se encuentran:

• Desviación de fondos: el administrador dispone de recursos que no le pertenecen para beneficio propio o de un tercero, causando un perjuicio económico.
• Obligaciones indebidas: contraer deudas con terceros o asumir obligaciones que no están alineadas con los intereses del patrimonio administrado.
• Negligencia grave: hacer una gestión irresponsable, sin la diligencia debida de un “ordenado empresario” o de un representante leal, lo que termina en pérdidas significativas.
• Abuso de funciones: utilizar las facultades propias del cargo de administrador para fines distintos a los esperados.
• Toma de decisiones contrarias al interés del administrado, por ejemplo, ventas bajo condiciones desfavorables o contratos onerosos.

Elementos que se deben probar para demostrar la administración desleal

Para demostrar administración desleal en un proceso penal, deben acreditarse varios elementos objetivos y subjetivos:

Elementos subjetivos

Facultades de administración

Se debe probar que el acusado tenía la capacidad legal o de hecho para administrar el patrimonio ajeno. Esto puede derivar de un contrato, del ejercicio de un cargo de administrador o de una delegación legal.

Exceso o abuso en ese ejercicio

No basta con que se pruebe la administración, debe demostrarse que el acusado se ha excedido o desviado de las obligaciones propias.

Finalidad desleal

Será necesario demostrar que la acción perseguía un beneficio propio o para un tercero, o simplemente que no respetaba la lealtad debida.

Dolo o negligencia

Dependiendo del caso, puede exigirse dolo (intención) o, al menos, una negligencia grave a la hora de gestionar.

Elementos objetivos

Disposición de bienes

O asunción de compromisos por parte del administrador.

Perjuicio patrimonial

Debe cuantificarse la pérdida para el patrimonio administrado o para los titulares del patrimonio.

Relación causal

También es necesario demostrar que la actuación del administrador provocó directamente ese perjuicio, es decir, que hay una relación de causalidad entre la acción del acusado y el perjuicio sufrido.

Además, debe respetarse la diligencia exigible: según la jurisprudencia y la doctrina, se exige que el administrador actúe “como un ordenado empresario y representante leal” frente al patrimonio que administra.

Pruebas más relevantes para demostrar administración desleal

Para demostrar la existencia de esos elementos, se pueden presentar diferentes tipos de pruebas, entre las cuales destacan:

Documentación contable y financiera

• Estados financieros, balances, cuentas de pérdidas y ganancias.
• Libros contables de la sociedad o del patrimonio administrado.
• Facturas, contratos, recibos y extractos bancarios que demuestren disposiciones indebidas o gastos injustificados.

Contratos y acuerdos

• Contratos de administración, poderes, apoderamientos o delegaciones.
• Órdenes de aprobación o actas de juntas que autoricen (o no) ciertas operaciones.
• Escrituras societarias, estatutos, poderes notariales…

Peritajes

• Peritos contables o expertos en auditoría pueden emitir informes que cuantifiquen el perjuicio.
• Peritos financieros que analicen si las operaciones fueron razonables desde un punto de vista empresarial.
• Informes de evaluación de riesgos o de gobernanza.

Testimonios

• Declaraciones de empleados, consejeros, socios, proveedores o terceros que puedan testificar sobre decisiones, conversaciones o instrucciones.
• Informes internos o memorias de reuniones que acrediten la intención o conocimiento de las decisiones.

Comunicación interna

• Emails, mensajería, documentos internos (presentaciones, informes) que demuestren decisiones ilegítimas o desviadas.
• Actas de reuniones del consejo de administración o juntas directivas.

Trazabilidad digital

Hoy en día también pueden utilizarse como pruebas los registros de acceso a sistemas, transferencias bancarias electrónicas, auditorías internas, logs de ordenadores para probar quién tomó las decisiones y cuándo.

Informes externos

• Auditorías externas previas o posteriores a las irregularidades.
• Auditorías fiscales.
• Informes de entidades supervisoras si procede (por ejemplo, en asociaciones, fundaciones o entidades reguladas).

No obstante, cada caso es único, y pueden existir determinados documentos que sirvan para probar estos elementos, aunque no estén en esta lista. No se trata de una lista cerrada, la clave está en que ayuden a demostrar aquello que sirva a nuestros intereses.

Procedimiento judicial y pasos para interponer denuncia

Teniendo claras las pruebas y los elementos, estos son los pasos que conviene seguir para interponer una denuncia por administración desleal y llevar el asunto al ámbito penal:

Consulta con un abogado especializado

En situaciones así, ponerse en manos de Javaloyes Legal no es solo un acto de prudencia: es recuperar el control. Nuestro equipo de abogados penalistas, con experiencia en delitos económicos y societarios, analiza si la acción tiene verdadero recorrido, valora la solidez de las pruebas y se asegura de que los derechos de todas las partes queden protegidos desde el primer instante.

Reunir toda la documentación

Como en cualquier ámbito jurídico, de nada sirve la ilicitud de los hechos, si no podemos probarlos. Por ello, recopilar libros contables, emails, contratos, actas y cualquier prueba relevante será crucial para poder afrontar el proceso judicial.

También pueden solicitarse a través de requerimientos formales (por ejemplo, requerimientos societarios o asamblearios) cuando no obren en nuestro poder.

Elaboración de un informe pericial (si procede)

La contratación de peritos para que analicen los documentos y cuantifiquen los perjuicios puede ser determinante. En muchos casos, el informe pericial será clave para dimensionar el daño y fundamentar la demanda penal.

Denuncia o querella

Una vez recopiladas todos las pruebas, informes y documentos necesarios, se presentará una denuncia ante la Fiscalía o un Juzgado de Instrucción.

Instrucción penal

El juzgado abrirá diligencias de investigación si la denuncia reúne indicios racionales de veracidad. Para llevar a cabo la investigación, se practicarán pruebas: declaración de testigos, dictámenes periciales, requerimientos de documentos, inspecciones, registros, etc.

Intervención de la Fiscalía o Ministerio Público

La Fiscalía puede calificar los hechos como delito de administración desleal del artículo 252 del Código Penal y proponer la acusación.

Si hay responsabilidad administrativa o civil, también puede presentarse una reclamación por daños y perjuicios.

Juicio oral (si procede)

Si tras la instrucción hay suficientes pruebas, se celebrará juicio oral. Durante la celebración del mismo, el acusado podrá defenderse, presentar testigos, impugnar informes periciales, etc.

Sentencia y ejecución

En caso de condena, se impondrá la pena correspondiente según el Código Penal, además de la reparación del daño patrimonial, si se ha solicitado. También se pueden dictar medidas accesorias: inhabilitación para administrar, comiso de bienes, embargo de activos o restitución.

La dificultad de demostrar administración desleal radica muchas veces en la complejidad de las estructuras patrimoniales, la falta de transparencia interna y la resistencia de los administradores a facilitar información. Por eso, las pruebas periciales y documentales son fundamentales, y la colaboración de testigos internos o externos puede marcar la diferencia.