¿Se pueden recurrir las sentencias del Tribunal Supremo?

Firmeza de las decisiones del Tribunal Supremo y el principio de seguridad jurídica

Las decisiones del Tribunal Supremo se vuelven firmes cuando se agotan los recursos ordinarios como el de casación, regulado por el artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil o el artículo 847 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La cosa juzgada, como garantía de la seguridad jurídica, se encuentra regulada en el artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que impide que un mismo asunto pueda ser enjuiciado de nuevo una vez que existe una resolución firme. 

No caben recursos ordinarios más allá, salvo excepciones extraordinarias que impiden la inestabilidad procesal. Entonces, aunque sí se pueden recurrir las sentencias del Tribunal Supremo, hay que tener varias consideraciones en cuenta.

Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales

En la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en sus artículos 41 a 44, se regula el recurso de amparo que impugna sentencias del Tribunal Supremo por vulneración de derechos fundamentales, los mismos que están tipificados en los artículos 14 a 30 de la Constitución Española, como por ejemplo, la tutela efectiva. 

No obstante, para que esto sea posible, se deben cumplir ciertos requisitos, a saber:

• Agotar la vía judicial previa. 
• Especial trascendencia constitucional.
• No reexaminar hechos, solo vulneraciones.

Para optar por este recurso, debe interponerse en el plazo de 30 días desde la notificación de la resolución judicial que ponga fin al proceso, de acuerdo con el artículo 44.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Incidente de nulidad de actuaciones como paso previo e indispensable al amparo

De acuerdo con el artículo 241 de la LOPJ, el incidente de nulidad de actuaciones es indispensable previo amparo por defectos en el Tribunal Supremo. En tanto, procede por vulneración de derechos fundamentales que causan indefensión. 

El plazo para valerse de este recurso de revisión es de 10 días desde la notificación y se dirige a la sala del Tribunal Supremo que dictó sentencia. Si se deniega, entonces se habilita la opción de amparo. 

Un ejemplo de aplicación de incidente de nulidad es la situación defectuosa en casación penal; la nulidad retrotrae actuaciones. El Tribunal Constitucional no acepta el amparo por subsidiariedad, según el artículo 44, parágrafo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

Demanda de revisión de sentencias firmes ante el Tribunal Supremo

La demanda de revisión de sentencias firmes es un recurso extraordinario que permite impugnar resoluciones que han adquirido firmeza cuando concurren determinadas causas tasadas por la ley. Su tramitación y competencia varían según el orden jurisdiccional afectado.

En el orden civil, la revisión se regula en los artículos 509 a 516 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), correspondiendo su conocimiento a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Las causas tasadas que habilitan este recurso son: la aparición de pruebas nuevas y decisivas desconocidas en el momento del juicio; la acreditación de que fueron aportados documentos o testimonios falsos que resultaron determinantes del fallo; y la condena de alguno de los jueces intervinientes por delitos de prevaricación, cohecho, violencia o fraude en relación con el proceso (art. 510 LEC).

El plazo de interposición es de tres meses desde que se conoció o pudo conocerse el hecho o documento que motiva la revisión, con un límite máximo de caducidad de cinco años desde la firmeza de la sentencia (art. 512 LEC).

En el orden penal, la revisión de sentencias firmes se encuentra regulada en los artículos 954 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2015.

Corresponde su conocimiento a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Las causas habilitantes incluyen: la existencia de sentencias contradictorias, la acreditación de falsedad en las pruebas, y la necesidad de cumplir una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que haya declarado la vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En este orden, no existe un plazo máximo de caducidad absoluto equivalente al civil, si bien el plazo de tres meses desde el conocimiento del hecho o documento opera igualmente.

En el orden social o laboral, la revisión de sentencias firmes se regula en los artículos 236 a 240 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS). La competencia corresponde a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

En cuanto a las causas, la LRJS se remite expresamente a las previstas en la LEC (art. 510 LEC), resultando de aplicación las mismas que en el orden civil, con las adaptaciones propias de la naturaleza de los litigios laborales.

El plazo de interposición es igualmente de tres meses desde el conocimiento del hecho o documento que sirve de base a la revisión, sin poder exceder de cinco años desde la firmeza de la sentencia impugnada.

En el orden contencioso-administrativo, la revisión de sentencias firmes se regula en los artículos 102 y 103 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA). La competencia para conocer de la revisión de sentencias dictadas por el Tribunal Supremo corresponde a la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo de dicho tribunal (art. 102.2 LJCA).

Al igual que en el orden social, la LJCA se remite a los motivos establecidos en la LEC, siendo de aplicación las causas del artículo 510 LEC. Los plazos son los mismos que en los órdenes civil y social: tres meses desde el conocimiento del hecho o documento, con caducidad a los cinco años desde la firmeza de la resolución.

Por supuesto, para poder valerse de cualquiera de estas causas, es necesario contar con abogados que verifiquen la veracidad de estas. De esta manera, se evitará que la solicitud sea inadmitida y, por ende, lo que crees que es injusto pueda ser comprobado.

Recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras agotar la vía nacional

Tras agotar la vía nacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admite recurso por violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su artículo 34. Pero, para eso deben concurrir los siguientes requisitos:

• Agotar los recursos internos.
• Que no hayan pasado más de 4 meses desde el acto final. 
• La víctima debe ser directa.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos no reexamina el fondo del proceso, sino los derechos que fueron vulnerados por la sentencia del Tribunal Supremo.

Diferencias clave entre recurso de amparo y TEDH

El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y el recurso ante el TEDH son mecanismos extraordinarios de protección de derechos fundamentales. Sin embargo, difieren esencialmente en su naturaleza: el amparo es un instrumento de derecho interno ante un órgano constitucional español, mientras que el TEDH constituye una instancia internacional de carácter supranacional. Ambos difieren también en ámbito, requisitos y efecto

Por supuesto, ambas opciones exigen agotar la vía judicial nacional, incluyendo el mismo Tribunal Supremo. 

Ahora bien, mientras que el recurso de amparo regula la vulneración de derechos fundamentales, la especial trascendencia constitucional y la nulidad previa en caso de que aplique, el recurso TEDH exige que la víctima sea directa, se agote la vía interna y que este agotamiento sea efectivo. 

Por otro lado, el recurso de amparo ante el TC no examina hechos, solo constitucionalidad. En tanto, el recurso TEDH garantiza una supervisión convencional, con margen de apreciación nacional. 

El recurso de amparo ante el TC anula la resolución y el que se interpone ante el TEDH condena al Estado, ofreciendo indemnización y medidas generales. Con esto se puede notar lo que cubre cada uno y, por ende, se tendrá una mejor perspectiva sobre cuál es el que servirá en cada caso.  

Para comprender mejor cuándo elegir uno u otro, considera lo siguiente: 

• Se utiliza el amparo ante el TC de primero, siendo obligatorio para interponer el recurso ante el TEDH. Además, este es más rápido para vulneraciones españolas. 
• En el caso del recurso TEDH, se utiliza si falla el anterior o se viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

Plazos y requisitos de especial trascendencia constitucional

Gracias a los plazos de caducidad se garantiza seguridad en el proceso. Estos son bastante estrictos, por lo que hay que actuar con rapidez si se quiere recurrir las sentencias del Tribunal Supremo. Pero esto dependerá del recurso que se utilice: 

• Amparo del Tribunal Constitucional: plazo de interposición de 30 días.
• Nulidad de sentencia: 20 días.
• Revisión de sentencia firme: plazo de interposición de 3 meses desde que se conoció el hecho o documento que la motiva, con una caducidad máxima de 5 años desde la firmeza de la sentencia (art. 512 LEC)
• Amparo ante TEDH: plazo de interposición de 4 meses con agotamiento previo.

Errores comunes al intentar recurrir sentencias del Tribunal Supremo

Muchos litigantes fracasan en estos procesos por fallos evitables, la mayoría repetitivos. Por eso, enlistarlos ayudará a tenerlos presentes para no cometerlos, logrando una resolución favorable para ellos.

• No agotar la nulidad previa: este requisito es obligatorio para recurrir una sentencia por medio del Tribunal Constitucional. De manera que la solicitud de amparo es inadmisible sin incidente de nulidad. 
• Pruebas insuficientes en revisión: según el artículo 509 de la LEC, se requiere que las pruebas sean decisivas. Es así como correos electrónicos no peritados se rechazarán para recurrir una sentencia.
• Confundir plazos: Los plazos en cada amparo son diferentes. Si no se tiene esto en cuenta, se podría perder la oportunidad de interponer el recurso. Cabe recordar que el amparo tiene un plazo de 30 días y el del TEDH es de 4 meses. Dejar pasar tan solo un día será fatal para el interesado.
• Falta de trascendencia constitucional: el Tribunal Constitucional exige interés general y las quejas subjetivas inadmiten el recurso.
• El demandante debe ser víctima directa de la violación alegada, en el sentido del artículo 34 del CEDH, es decir, debe haber sufrido personalmente las consecuencias del acto impugnado. Además, la demanda no puede ser anónima, conforme al artículo 35.2.a) del Convenio

Teniendo en cuenta todos estos errores y otros que pudieran cometerse por falta de conocimiento y experiencia, lo mejor es pedir ayuda profesional jurídica que brinde asesoría, pero también garantice una representación y defensa efectiva de los derechos fundamentales ante resoluciones injustas o no ajustadas a la ley.