Cómo descalificar una Vivienda de Protección Oficial

Operaciones inmobiliarias

Descalificar una VPO significa eliminar las limitaciones públicas que afectan al precio, uso y transmisión de la vivienda, permitiendo al propietario operar en el mercado libre sin restricciones administrativas. Este trámite resulta clave para quienes desean vender sin precio máximo, alquilar sin límites, donar o heredar la vivienda con mayor flexibilidad.

En este artículo explicamos qué implica realmente descalificar una VPO, los tipos existentes, los requisitos legales, los documentos necesarios y los costes habituales del proceso.

Persona sostiene una maqueta de casa blanca, simbolizando la descalificación de una Vivienda de Protección Oficial (VPO).

¿Que significa descalificar VPO y por qué hacerlo?

La descalificación de una VPO supone la eliminación de la protección administrativa que limita el precio, uso y destinatario del inmueble. A partir de esta decisión, la vivienda queda liberada para que su propietario pueda vender, alquilar o transmitir la vivienda a precio del mercado, sin ninguna restricción pública. 

Por lo general, quienes quieren descalificar VPO tienen motivos como los mencionados a continuación:

  • Vender su propiedad a precio del mercado, sin tener que someterse a un máximo legal.
  • Eliminar restricciones sobre compradores e ingresos.
  • Facilitar la transmisión hereditaria, donación o arrendamiento, sin limitaciones.
  • Liberar la vivienda de limitaciones de uso, por ejemplo, residencial o la habitualidad.

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¿Qué es una Vivienda de Protección Oficial?

Se conoce como una VPO a la vivienda que está regulada por un régimen jurídico especial, establecido por la Administración. Dicho régimen está regulado por el Decreto 2114/1968, de 24 de julio y la Ley 12/2023, del 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, y nace con el fin de favorecer el acceso a la vivienda a determinados colectivos. Tanto la legislación estatal como la autonómica, establecen las siguientes restricciones para este tipo de vivienda: 

  • Precio de venta y alquiler con limitaciones.
  • Restricción de acceso a compradores con ingresos inferiores a un límite fijado legalmente.
  • Obligación de que la vivienda debe ser exclusivamente para ser una residencia habitual o permanente.

Tipos de descalificación: autonómica y voluntaria

Hay varias formas por las que se puede perder la calificación de una VPO, a saber:

Descalificación

Ocurre cuando finaliza el período legal de protección, no siendo necesario realizar el trámite legal correspondiente. Por lo general, esto sucede en un plazo de 10, 15, 20 o 30 años, dependiendo de la promoción, el plan estatal o autonómico, así como la fecha de calificación definitiva.

Descalificación voluntaria

Es la que solicita el propietario, una vez que transcurre el plazo mínimo legal obligatorio. Una vez admitida la solicitud, la administración revisa los requisitos y, en caso de que se cumplan, se devuelven las ayudas públicas, se abonan los intereses legales y se otorgan los certificados correspondientes. 

Descalificación por sanción

Cuando el propietario incumple obligaciones legales, tales como destinar la vivienda un uso diferente a su residencia, hace un contrato de alquiler no autorizado o la vende sin cumplir los requisitos legales, la autoridad correspondiente puede interponer la descalificación. En este caso, se exigirá al propietario la devolución de subvenciones con intereses. 

Requisitos para descalificar VPO

Aunque la descalificación de una VPO puede ser diferente de acuerdo a la Comunidad Autónoma, en la mayoría de las ciudades los requisitos son los mismos, salvo algunas condiciones especiales.

Los requisitos más comunes en toda España para descalificar VPO son:

  • Que haya transcurrido el tiempo mínimo estipulado para la calificación definitiva. Aunque lo más común son 10 o 15 años, hay casos en los que se requerirá que pasen hasta 30 años.
  • No tener sanciones o procedimientos pendientes relacionados con la vivienda.
  • Haber devuelto todas las ayudas públicas, a saber: bonificaciones, préstamos cualificados, subvenciones, etc.
  • Estar solvente con el pago de intereses legales.
  • Cumplir con las normas autonómicas sobre la calificación de VPO. Por ejemplo, en Madrid, la ley aplicable es el Decreto 74/2009.
Ana Feijóo Santiago, abogada experta en derecho inmobiliario, mercantil y tributario, con más de 20 años de experiencia.

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Documentos necesarios para solicitar la descalificación VPO

Así como se deben cumplir con algunos requisitos, la solicitud de descalificación VPO debe ir acompañada de los siguientes documentos: 

  • Solicitud oficial ante la Consejería de Vivienda, o bien, el ente autonómico al que corresponda conocer de la solicitud.
  • Copia de la escritura de propiedad.
  • Certificado o número de calificación definitiva.
  • Certificado de empadronamiento que acredita que es la residencia del propietario.
  • Declaración responsable de no haber disfrutado de ayudas incompatibles. En caso contrario, se debe presentar el justificante de devolución.
  • Justificante de solvencia de tasas y reintegros.
  • Documentos de identidad (DNI, CIF).
  • Documentos que acrediten el pago completo del crédito vinculado, en caso de que proceda.

Procedimiento para descalificar una VPO

Con el fin de completar con éxito el procedimiento para descalificar VPO, se deben cumplir con los siguientes pasos: 

  • Solicitar informe previo sobre la calificación original y las ayudas recibidas.
  • Presentar ante la Consejería o instituto competente, la solicitud de descalificación voluntaria, anexando los documentos que la respalden.
  • Tramitar la devolución de ayudas y subvenciones públicas, así como los intereses.
  • Esperar la resolución administrativa que notifica la concesión o denegación de la descalificación.
  • Registrar la resolución de descalificación tanto en el Registro de la Propiedad como en Catastro, reafirmando así que la vivienda está libre.

¿Cuánto cuesta descalificar una VPO?

No existe un precio fijo sobre la descalificación de una VPO, ya que esto depende del caso. En tanto, algunos costes que pudieran tener que asumirse son:

  • Devolución de todas las ayudas y subvenciones públicas recibidas.
  • Pago de intereses legales acumulados.
  • Tasas administrativas que dependen de la norma autonómica.
  • Honorarios de gestión, notaría y registro.

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