Fallecimiento por accidente laboral

Qué se considera fallecimiento por accidente laboral

El artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) define el accidente de trabajo como toda lesión corporal sufrida por el trabajador como consecuencia de su actividad profesional, incluyendo el fallecimiento. Esta consideración se extiende a los accidentes que se producen durante el trayecto habitual entre el domicilio y el lugar de trabajo (accidente in itinere), así como a los producidos en los desplazamientos laborales para cumplir las tareas de la empresa.

Quiénes tienen derecho a prestaciones tras un fallecimiento laboral

En nuestro país, cuando un trabajador fallece a causa de un accidente laboral o una enfermedad profesional, sus familiares tienen derecho a recibir una prestación económica. La Ley General de la Seguridad Social (LGSS), en sus artículos 216 y siguientes, garantiza estas ayudas para proteger a los familiares que dependían económicamente del trabajador.

Además, si se demuestra que la empresa no cumplió con las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales, los beneficiarios pueden reclamar otras indemnizaciones complementarias por los daños sufridos. Estas compensaciones, que son independientes de las prestaciones de la Seguridad Social, sirven para reparar el perjuicio económico y personal causado por el fallecimiento del trabajador.

Cónyuge o pareja de hecho (pensión de viudedad)

El cónyuge o la pareja de hecho reconocida legalmente tienen derecho a percibir la pensión de viudedad cuando el trabajador fallece por estas circunstancias. En estos casos, no se exige un período mínimo de cotización, lo que garantiza acceder con mayor rapidez. En el caso de las parejas de hecho, hace falta demostrar que existía un registro legal de la relación.

Hijos (pensión de orfandad)

Los hijos del trabajador fallecido, menores de 21 años o mayores que presenten incapacidad para trabajar, tienen derecho a la pensión de orfandad. Esta prestación cubre sus necesidades básicas y les permite continuar con su formación académica sin quedar desprotegidos económicamente.

Otros familiares (padres, abuelos, nietos o hermanos)

En algunos casos, otros familiares también pueden recibir prestaciones si vivían con el trabajador, dependían económicamente de él y no tenían derecho a otra pensión. Estas ayudas se estudian caso por caso, pero sirven para proteger a las personas más cercanas que quedaban a su cargo.

Indemnización por fallecimiento derivado de accidente laboral

Para determinar quién debe pagar la indemnización por la muerte del trabajador, es fundamental analizar quién fue el responsable. En función de ello, los familiares podrán tener derecho o no a estas prestaciones económicas de por vida:

• Causas inevitables o responsabilidad de otra persona. Cuando lo ocurrido no se podía prever o evitar, no se considera un accidente laboral. Por ello, la empresa no tiene que asumir una indemnización por responsabilidad.

• Culpa del trabajador. Si se trata de una imprudencia grave o temeraria, el fallecimiento no se califica como accidente laboral; sin embargo, cuando se trata de una actuación leve, la ley sí protege al trabajador.

• Culpa del empresario. Basta con que la empresa haya incumplido con la normativa de seguridad para que tenga que responder. Normalmente, las indemnizaciones se cubren con el seguro obligatorio de la empresa y lo que establezca el convenio.

• Concurrencia de culpas. Cuando intervienen varios factores, como que se demuestre que la culpa es tanto del trabajador como del empresario, la indemnización la determina el juez.

Responsabilidad de la empresa y de la mutua

Tanto la empresa como la mutua deben responder económicamente cuando un trabajador muere en accidente laboral, pero de manera diferente. Veamos cuál es la responsabilidad de ambas partes:

Responsabilidad de la empresa

La empresa tiene que pagar lo que le deba al trabajador y asegurarse de que los familiares reciban las compensaciones correspondientes:

• Liquidación y finiquito. Aquí entran el pago de los salarios pendientes, las vacaciones no disfrutadas y la parte proporcional de las pagas extra.

• Indemnización según el convenio colectivo. Algunas empresas están obligadas a indemnizar a los familiares según lo establecido en el convenio colectivo.

• Responsabilidad civil y penal. Si se demuestra que la empresa incumplió las normas de seguridad, debe abonar los daños y perjuicios a los familiares.

• Recargo por incumplimiento en seguridad. La Seguridad Social puede aplicar un recargo de entre el 30 % y el 50 % sobre las pensiones cuando se demuestra que la empresa incumplió la normativa en materia de seguridad.

Responsabilidad de la mutua

La mutua actúa como entidad colaboradora de la Seguridad Social y se encarga de gestionar todas las ayudas económicas para que los familiares reciban las pensiones correspondientes:

• Prestaciones económicas. Tramita las pensiones de viudedad y orfandad según la base reguladora.

• Gastos de sepelio. También se encarga de cubrir los costes básicos del entierro, que pueden aumentar según lo estipulado en el convenio.

• Indemnización básica. También se encarga de tramitar y pagar la compensación básica que la ley establece para los familiares del trabajador fallecido.

Procedimiento para reclamar tras un fallecimiento por accidente laboral

La reclamación de la indemnización por el fallecimiento de un trabajador implica seguir un trámite que puede ser administrativo y, en algunos casos, judicial. Lo importante es asesorarse correctamente y cumplir con los plazos previstos para que la reclamación sea válida.

• Denuncia ante la Inspección de Trabajo. Este paso es fundamental para que quede constancia del accidente y determinar si la empresa tiene alguna responsabilidad.

• Documentación necesaria. La familia o los beneficiarios deben recopilar los documentos necesarios, como el certificado de defunción, el parte del accidente, el historial médico y los contratos de trabajo. También es importante acreditar cualquier comprobante que demuestre la relación familiar con el fallecido.

• Presentación de la documentación. La reclamación debe presentarse ante el organismo o tribunal competente según el tipo de indemnización que se solicite (la mutua o la empresa).

• Asesoramiento de un abogado laboralista. El profesional asesora a la familia y se encarga de preparar toda la documentación necesaria. También representa a los beneficiarios y defiende sus derechos, tanto en las negociaciones como en los tribunales, para que reciban lo que les corresponde.

Plazos para reclamar prestaciones e indemnizaciones

Los plazos para reclamar las prestaciones e indemnizaciones tras el fallecimiento de un trabajador dependen del tipo de compensación. Lo normal es un año desde que se produjo la muerte o se conocen los daños. Pero si se trata de un accidente de tráfico ocurrido durante el trabajo, hay que comunicarlo a la aseguradora en un plazo máximo de siete días.

Las prestaciones de la Seguridad Social, como viudedad u orfandad, no tienen un plazo de prescripción, pero se recomienda solicitarlas antes de los tres meses. En cuanto a los seguros de vida, conviene ponerse en contacto con la aseguradora, aunque se tienen hasta 40 días desde que recibe la documentación del siniestro para realizar el pago.

En definitiva, cuando un trabajador muere en accidente laboral, los familiares tienen derecho a las prestaciones de la Seguridad Social, a las indemnizaciones por convenio y, en algunos casos, a compensaciones por daños y perjuicios. Pero, lo más recomendable es contar con un buen asesoramiento legal, ya que un abogado laboralista puede orientar a la familia y defender sus derechos tanto en las negociaciones como en los procedimientos judiciales.

Supuestos y presunciones legales que revelan interés casacional

En el artículo 88 LJCA se pueden notar varios supuestos en los que participa el interés casacional objetivo, además de las presunciones iuris tantum en las que se entiende que dicho interés concurre, sin que la lista tenga un carácter cerrado. 

La sentencia recurrida se aparta de forma deliberada de la jurisprudencia existente o aplica normas sobre las que existen criterios contradictorios entre diferentes órganos jurisprudenciales. 

La resolución impugnada se refiere a disposiciones de carácter general, convenios entre Administraciones públicas o procedimientos especiales de protección de derechos fundamentales, ámbitos en los que el legislador presume la existencia de un interés casacional objetivo.

Ahora bien, el mismo Tribunal Supremo ha reiterado en varias ocasiones que estos supuestos no son los únicos. También se puede apreciar el interés casacional en otras situaciones en las que se presentan cuestiones jurídicas únicas y novedosas. De manera que se debe motivar expresamente la apreciación del interés en el auto de admisión.  

La función esencial del interés casacional en la formación de jurisprudencia

El interés casacional objetivo está vinculado de forma directa con la función unificadora que se atribuye al Tribunal Supremo en el artículo 93 de la LJCA, es decir, la fijación de la interpretación de las normas estatales y de la Unión Europea en el orden contencioso-administrativo. 

A este respecto, el recurso de casación no se concibe principalmente como mecanismo de corrección de errores individuales. Más bien, se trata de un instrumento que asegura la igualdad en la aplicación del Derecho y la seguridad jurídica, conforme a lo establecido en el artículo 9,parágrafo 1 de la Constitución española. 

Entonces, la Sala Tercera se encargará de seleccionar los asuntos que servirán como vehículo para cumplir la misión del recurso, mientras que el interés casacional objetivo, será la clave para admitirlo o no. 

¿Cómo debe justificarse el interés casacional en el escrito de preparación?

Siguiendo lo establecido en el artículo 89 de la LJCA, se impone al recurrente una carga específica para fundamentar el interés casacional objetivo. Este debe identificar con claridad la norma cuya interpretación se discute, además de explicar por qué la cuestión trasciende el caso concreto. 

Cabe mencionar que no basta con invocar de forma genérica cualquiera de los supuestos del artículo 88. En tanto, se debe conectar las circunstancias del asunto de forma lógica y razonable. 

Para hacerlo bien, es importante contar con un aliado jurídico que redacte un buen escrito, mismo que precise el inciso normativo que se considera, está interpretado de forma incorrecta, la duda jurídica y la legislación aplicable.

Aunado a esto, es necesario aportar autos de admisión y sentencias del Tribunal Supremo que acrediten la existencia de criterios divergentes o una cuestión novedosa aún no resuelta, resultando en una contribución para formar una jurisprudencia útil.

La falta de argumentos bien pensados sobre el interés casacional objetivo lleva a la inadmisión del recurso, incluso cuando realmente la sentencia es injusta o lesiva. De allí la importancia de preparar bien el escrito, combinando un análisis técnico, conocimiento actualizado de la jurisprudencia y una lectura estratégica de criterios de admisión de la Sala Tercera. 

El interés casacional objetivo tiene el potencial de asegurar la uniformidad de la jurisprudencia ante sentencias desfavorables en materia contencioso-administrativa. No obstante, para conseguirlo, es esencial disponer de representantes legales con un alto nivel de experiencia y rigurosidad jurídica.

En Javaloyes Legal, contamos con asesoría sobre este tema. Evaluaremos el caso y redactaremos una explicación sólida del interés casacional objetivo para garantizar que tus derechos estén protegidos y que tengas seguridad jurídica ante sentencias injustas.