Cesión ilegal de trabajadores

Cesión ilegal trabajadores

¿Crees haber sido objeto de una cesión ilegal, pero no tienes claros qué derechos tienes en este caso? Aunque esta es una práctica prohibida en nuestro país, son muchas las empresas que hacen uso de este instrumento fraudulento, menoscabando tus derechos como trabajador.

La Ley ampara a los empleados que han visto vulnerados sus derechos al haber sufrido esta práctica ilegal. En Javaloyes Legal te daremos las claves necesarias para saber si has sido víctima de esta práctica prohibida y cómo actuar en este escenario.

Trabajadores en obra con casco y chaleco supervisando tareas, ejemplo de posible cesión ilegal de trabajadores entre empresas.

¿Qué es la cesión ilegal de trabajadores?

La cesión de trabajadores está permitida en España, de acuerdo con el artículo 43.1 del Estatuto de los Trabajadores. De hecho, se trata de una práctica muy común en nuestro país. No obstante, para que la cesión de trabajadores sea legal es necesario que se lleve a cabo por una ETT o Empresa de Trabajo Temporal.

La cesión ilegal de trabajadores es una práctica laboral no permitida en España que tiene lugar cuando una empresa cede a otra sus trabajadores incumpliendo los requisitos establecidos en la legislación vigente.

Se trata de una práctica que, además de constituir un fraude, vulnera los derechos de los trabajadores, por cuanto estos no pueden disfrutar de las mismas condiciones que los empleados contratados por la empresa para la que están prestando sus servicios.

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¿Cuándo se considera que existe cesión ilegal?

La cesión ilegal de trabajadores está prevista en el artículo 43.2 del Estatuto de los Trabajadores, en el que se dispone que se considera que se incurre en esta práctica laboral prohibida cuando se da alguna de las siguientes circunstancias:

  • Cuando una empresa se limite a poner a disposición de la otra sus trabajadores. En este caso, la empresa no presta a sus empleados a otra entidad para realizar un servicio concreto, sino que los trabajadores pasan a trabajar para la segunda empresa como si esta fuera la que los hubiera contratado.
  • Cuando la empresa que cede sus trabajadores a otra no tiene actividad empresarial o no cuenta con una organización estable. Estas empresas solo existen “sobre el papel”, pero no desempeñan una actividad económica como tal.
  • Cuando la empresa que cede sus trabajadores a otra no cuenta con los medios necesarios para desarrollar su actividad. En este escenario, los empleados van a hacer uso de los medios y recursos de la empresa a la que han sido cedidos.
  • Cuando la empresa que cede sus trabajadores no ejerce sus funciones como empresario. En este caso, la empresa no se ocupa de los empleados, siendo la empresa a la que se han cedido los trabajadores quien organiza y supervisa la actividad de estos.

Diferencia entre contrata legal, ETT y cesión ilegal

La diferencia entre estas figuras radia en su ajuste a la legislación vigente. Así pues, una contrata legal implica que una empresa externa lleva a cabo un servicio para otra entidad, utilizando para ello sus propios medios.

Por su parte, una ETT es una entidad que puede llevar a cabo de forma legal la cesión de trabajadores, siendo el único tipo de empresa con capacidad para ello.

Por último, en la cesión ilegal de trabajadores, una empresa sin la condición de ETT cede empleados a otra, vulnerando la legislación laboral.

Consecuencias para las empresas implicadas

Aunque la cesión ilegal de trabajadores es una práctica prohibida, es bastante común en el mercado. ¿Por qué se lleva a cabo si es una práctica ilegal? Hay empresas que usan la cesión ilegal de trabajadores para ofrecer a los empleados peores condiciones laborales a las que les corresponderían de ser directamente contratados por la empresa a la que van a prestar sus servicios.

Evidentemente, al ser una conducta prohibida, su práctica tiene una serie de consecuencias, previstas en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores.

En concreto, las empresas implicadas responderán solidariamente de las obligaciones contraídas con el trabajador y con la Seguridad Social. ¿Qué significa esto? Que ambas empresas son igualmente responsables, por lo que el empleado afectado podrá reclamar a cualquiera de las entidades que han intervenido en la cesión ilegal de empresas el cumplimiento de sus derechos.

Además, las empresas que hayan intervenido en una cesión ilegal de trabajadores deberán hacer frente a diferentes sanciones.

Sanciones

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2000, las empresas implicadas podrán ser sancionadas a multas de entre 7.501 euros y 225.018, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

Imposibilidad de contratar con la Administración Pública

Además de la multa, las empresas implicadas en la cesión ilegal de los trabajadores podrán ser inhabilitada para contratar con el Sector Público durante un periodo de tiempo determinado, dependiendo de la gravedad de los hechos.

Pago de las cotizaciones a la Seguridad Social

Las empresas implicadas podrán ser sancionadas con el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social que estuvieran pendientes. Además, es posible que deban hacer frente al pago de intereses de demora.

Responsabilidad penal

En casos de mayor gravedad o reincidencia, las empresas implicadas pueden haber incurrido en responsabilidad penal. Así, pueden haber vulnerado los derechos fundamentales de los trabajadores o haber incurrido en un fraude a la Seguridad Social (previsto en los artículos 307 y siguientes del Código Penal).

Derechos del trabajador ante una cesión ilegal

Si, como trabajador, te has visto afectado por una cesión ilegal, debes saber que se te reconocen los siguientes derechos:

  • El trabajador objeto de la cesión ilegal tiene derecho a ser contratado como empleado fijo por tiempo indefinido. Además, tiene derecho a un contrato indefinido en cualquiera de las dos empresas implicadas.
  • El trabajador cedido tendrá los mismos derechos que el resto de la plantilla si decide incorporarse a la empresa a la que fue cedido ilegalmente. Esto significa que tendrá las mismas condiciones laborales que el resto: vacaciones, salario, seguridad, horarios, etc.
  • Si el trabajador decide incorporarse a la empresa a la que fue cedido, su antigüedad en dicha entidad empezará a computar desde el momento en el que se produjo la cesión.
  • El trabajador podrá reclamar las cantidades que correspondan si hubiera cobrado un sueldo inferior a los trabajadores de su mismo nivel en la empresa a la que fue cedido.
  • Posibilidad de solicitar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la cesión ilegal.

Cómo reclamar y qué plazo existe para denunciarla

Como trabajador, puedes demandar a las empresas implicadas en la cesión ilegal de la que has sido víctima ante los Juzgados de lo Social siempre que no se haya extinguido la relación laboral con las empresas. Además, puede denunciar esta práctica ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Durante el procedimiento judicial, se reclama que se reconozca que la cesión no es legal y que el empleado afectado tiene derecho a adquirir la condición de trabajador indefinido en cualquiera de las dos entidades implicadas. Para solicitar la condición de indefinido dispone de un plazo de 12 meses. Además, el trabajador podrá reclamar los salarios atrasados o las diferencias en su sueldo con el resto de la plantilla y solicitar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

En caso de que la relación contractual se haya extinguido, el trabajador, si bien no podrá demandar a las empresas implicadas por la cesión ilegal, sí podrá reclamar las diferencias salariales, para lo cual dispone de 1 año.

Por otro lado, en caso de que el trabajador sea despedido, podrá impugnar el despido en un plazo de 20 días hábiles desde la fecha de dicho despido, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social.

Si crees haber sido víctima de una cesión ilegal de trabajadores, no dudes en ponerte en contacto con Javaloyes Legal. Te brindaremos el asesoramiento que necesitas para encontrar la mejor solución jurídica a tu problemática y, así, proteger tus derechos laborales.

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