¿Cuáles son los plazos orientativos en los juzgados de lo social?
Si bien la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social (LRJS) establece que la sentencia se dicta en un plazo breve, en la práctica no siempre sucede de esa forma. Y es que en parte depende de la carga de trabajo de cada juzgado.
El artículo 97, parágrafo 1 dispone que el juez o tribunal de lo social tienen cinco días después de celebrarse el juicio, para dictar una sentencia. La sentencia debe ser publicada y notificada a las partes, dentro de los dos días siguientes.
Ahora bien, de acuerdo con los datos estadísticos emitidos por el Consejo General del Poder Judicial, se evidencia que los procedimientos laborales duran más de lo que establece la ley. De hecho, hay casos en los que la espera para una sentencia puede extenderse hasta un año, de acuerdo al asunto y el partido judicial.
¿Necesitas ayuda de un abogado?
Contacto con nosotros e infórmate sin compromiso. Te ayudaremos.
¿Cuáles son los plazos orientativos en los juzgados de lo social?
Si bien la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social (LRJS) establece que la sentencia se dicta en un plazo breve, en la práctica no siempre sucede de esa forma. Y es que en parte depende de la carga de trabajo de cada juzgado.
El artículo 97, parágrafo 1 dispone que el juez o tribunal de lo social tienen cinco días después de celebrarse el juicio, para dictar una sentencia. La sentencia debe ser publicada y notificada a las partes, dentro de los dos días siguientes.
Ahora bien, de acuerdo con los datos estadísticos emitidos por el Consejo General del Poder Judicial, se evidencia que los procedimientos laborales duran más de lo que establece la ley. De hecho, hay casos en los que la espera para una sentencia puede extenderse hasta un año, de acuerdo al asunto y el partido judicial.
Factores que influyen en la duración del proceso laboral
Considerando que en la cuestión sobre cuánto tarda en salir una sentencia por lo social están en juego varios factores, lo mejor es que no demos una fecha fija. Lo mejor es analizar bien el asunto y determinar la complejidad del caso para tener un tiempo estimado de cuándo se dará la resolución. A este respecto, algunos elementos que afectan los plazos son:
Acumulación de asuntos y carga de trabajo del juzgado
Sin duda, el factor que más afecta los tiempos a la hora de dictar una sentencia. En muchos casos, los señalamientos de juicio se fijan a varios meses y, por ende, la promulgación de una sentencia se retrasa más de lo que se establece en los plazos legales.
Complejidad jurídica y fáctica del caso
Todos los casos son diferentes y, por ende, la complejidad de estos puede repercutir en los plazos. Por ejemplo, asuntos con múltiples partes, que requieran de informes periciales o que haya mucho conflicto con la carga probatoria, supondrá mayor tiempo de deliberación. El juez tendrá que estudiar bien el caso y, en consecuencia, es lógico que se tarde más tiempo en dictar sentencia.
Tipo de procedimiento y carácter preferente
La LRJS establece que determinados procesos como la tutela de derechos fundamentales tienen especial preferencia en comparación con otros procedimientos. Esto lleva a que los trámites se realicen más rápido y, por ende, se resuelva en menos tiempo que los procedimientos ordinarios.
Pruebas pendientes o incidentes procesales
La práctica de determinadas pruebas, como las periciales médicas, informes de inspección y testificales complejas, así como la aparición de incidentes sobre la admisión de pruebas o acumulación de acciones, pueden dilatar el tiempo de cuánto tarda en salir una sentencia por lo social.
Diferencias según el tipo de procedimiento laboral
En el orden social, los procesos no tienen la misma tramitación ni disfrutan del mismo grado de preferencia. Por supuesto, esto también condiciona cuánto tarda en salir una sentencia por lo social, siendo distinto en cada caso.
Despido y sanciones disciplinarias
Un proceso por despido o por sanciones disciplinarias se tramita conforme a lo que dice la ley sobre los procesos ordinarios. Sin embargo, tienen carácter preferente debido al impacto directo que suponen sobre el derecho al trabajo, mismo que se regula en el artículo 35 de la Constitución.
Cabe mencionar que aunque la ley tipifica que el juez debe dictar sentencia en cinco días desde el juicio, es más común que este tiempo se retrase. Además, los plazos también se ven afectados por factores de fuerza mayor, llevando al trabajador a esperar varios meses por su sentencia.
Reclamación de cantidad y derechos
En estos procesos se suele seguir el establecido para uno ordinario, sin ninguna preferencia, tal como sucede con el despido. Además, por lo general intervienen pruebas documentales complejas que exigen un análisis detallado. De allí que pueda que los tiempos de resolución se alarguen en estos casos.
Incapacidades y prestaciones de Seguridad Social
Cuando el proceso se trata de una incapacidad permanente o prestaciones de Seguridad Social o desempleo, existen particularidades que pueden alargar el tiempo. Por ejemplo, estos se dirigen frente a entidades gestoras y colaboradoras, además de requerir valoraciones médicas y documentales.
Aunque la LRJS prevé trámites específicos en materia de prestaciones, la necesidad de realizar informes médicos y periciales, hacen que estos asuntos sean más complejos, llevando a que se tarden más en resolverse que un despido individual sencillo.
Tutela de derechos fundamentales
Los procesos de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas tienen una naturaleza preferente y sumaria, garantizando el cumplimiento del artículo 24 de la Constitución. En estos tipos de asuntos, la tramitación se acelera, reduciendo los plazos y, por ende, el dictamen final si se logra emitir en los cinco días o en un plazo legal más cercano a lo que por lo general vemos en la práctica.
¿Qué hacer mientras se espera la sentencia y plazos posteriores?
Es importante que tengas en cuenta que la espera por la sentencia por lo social no es un tiempo perdido. Más bien, puedes aprovechar ese plazo para planificar una estrategia jurídica y personal, considerando las opciones de resultado (readmisión, indemnización, reconocimiento de pensión, abono de cantidades, etc.).
Junto a un equipo de abogados de confianza puedes revisar las posibles consecuencias de una estimación o desestimación de la sentencia. Además, se debe valorar la conveniencia de un acuerdo con la otra partes, o bien, preparar la documentación necesaria para una eventual ejecución o para interponer un recurso de suplicación, en el caso de que la sentencia no sea favorable.
Por supuesto, cada proceso laboral es distinto y exige una estrategia hecha a la medida. Así que en Javaloyes Legal trabajamos para ayudarte a valorar tu situación y crear la mejor vía jurídica que protegerá tu estabilidad laboral y, por ende, tu bienestar.
¿Dudas legales? Diagnóstico y estrategia en 30 min.
No afrontes tu problema solo. Por un precio de 95€ + IVA, reúnete con un abogado para analizar tu caso a fondo. Saldrás de la reunión con tus dudas resueltas, conociendo tus derechos y con un informe escrito detallando los pasos exactos que debes dar.
