Tipos de recursos administrativos

¿Qué son los recursos administrativos?

Los recursos administrativos son herramientas legales que permiten a los particulares solicitar a la Administración que revise, modifique o revoque un acto con el que no están de acuerdo.

No es necesario acudir directamente a los tribunales: primero, puedes agotar la vía administrativa para que sea la propia Administración quien rectifique, siempre que existan motivos razonables, legales o de hecho, para solicitarlo. Esto está regulado principalmente en el Capítulo II del Título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

El recurso administrativo no solo protege tus derechos, sino que ofrece a la Administración la oportunidad de corregir sus errores sin necesidad de acudir directamente al órgano jurisdiccional.

¿Qué tipos de recursos administrativos existen?

La Ley 39/2015 distingue principalmente entre tres clases de recurso: recurso de alzada, recurso potestativo de reposición y recurso extraordinario de revisión.

Recurso de alzada

• Objeto. Según el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede contra resoluciones o actos de trámite que no ponen fin a la vía administrativa, pero que deciden el fondo del asunto, impiden seguir el procedimiento, causan indefensión o generan un perjuicio irreparable.
• Quién lo resuelve. Se dirige a un órgano superior jerárquico al que dictó el acto impugnado, aunque puede interponerse también directamente ante el órgano que lo dictó, si luego este lo remite al órgano competente.
• Plazo de interposición. El plazo es de un mes cuando el acto es expreso; si es presunto (por silencio administrativo), desde el día siguiente en que surten efectos, según normativa específica.
• Plazo para resolver. Tres meses como máximo para dictar y notificar la resolución. Si este plazo vence sin resolución expresa, se considera que el recurso ha sido desestimado.
• Efectos. La resolución del recurso de alzada agota la vía administrativa, salvo que quepa recurso extraordinario de revisión, y permite acudir a la vía contencioso-administrativa.

Recurso potestativo de reposición

• Objeto. De acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se dirige contra los actos que ponen fin a la vía administrativa.
• Naturaleza potestativa. Es “potestativo” porque no es obligatorio interponerlo para poder acudir a la vía judicial. Esto significa que será el interesado quien decide si lo presenta.

No obstante, si se presenta, no se puede interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente o se entienda desestimado.

• Plazo para interponerlo. Un mes si el acto fue expreso. Si no lo fue, se puede presentar desde el día siguiente al efecto del acto presunto, según la normativa que proceda.
• Plazo de resolución. La Administración tiene un mes para emitir resolución del recurso de reposición. Si no lo hace, se considera desestimado por silencio negativo.
• Efectos. Si se admite, la resolución agota la vía administrativa; si se desestima (explícitamente o por silencio), se puede acudir a la vía contencioso-administrativa o valorar un recurso extraordinario de revisión si procede.

Recurso extraordinario de revisión

• Objeto. El recurso de revisión es excepcional y se regula en el artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Solo procede contra actos firmes en vía administrativa cuando concurren circunstancias muy específicas: error de hecho (constatable en los documentos del expediente), aparición de documentos esenciales posteriores, falsedad de documentos o que los testimonios tomados en cuenta para la decisión sean declarados falsos en sentencia firme, o actuaciones punibles como prevaricación.
• Plazos. Cuando se invoque error de hecho, el plazo es de cuatro años desde la notificación del acto; para los demás supuestos (por ejemplo, tras sentencia firme) el plazo es de tres meses desde que se tiene conocimiento del hecho que da pie a la revisión
• Resolución. Se resuelve por el mismo órgano que dictó el acto recurrido. Tiene tres meses para hacerlo; si no lo hace, se considera desestimado y se abre la posibilidad de acudir a la vía contencioso-administrativa.
• Admisión. Se puede inadmitir el recurso si no se funda en alguna de las causas legales establecidas; esta inadmisión debe motivarse.

Otros medios de impugnación en la vía administrativa

Más allá de estos tres recursos básicos, el artículo 112 de Ley 39/2015 también contempla otros procedimientos alternativos, como la reclamación, la mediación, la conciliación o el arbitraje, cuando estén previstos por normativa específica.

Esto significa que la ley no los regula, pero abre la puerta a que una ley sustituya el recurso de alzada por alguno de estos procedimientos alternativos. Es decir, para que puedan aplicarse, debe existir una ley sectorial que lo establezca para un caso particular.

No obstante, es importante subrayar que no todos los actos son recurribles por vía administrativa: por ejemplo, las disposiciones administrativas de carácter general no admiten este tipo de recurso.

Requisitos generales para interponer un recurso administrativo

Para presentar cualquiera de estos recursos, deben cumplirse varios requisitos esenciales, que tienen base legal y garantizan que el recurso sea válido:

1. Identificación del recurrente: nombre, apellidos, DNI/NIE o identificación equivalente.
2. Acto recurrido: debe especificarse claramente cuál es el acto administrativo a impugnar, indicando la fecha, el órgano que lo dictó y su contenido.
3. Fundamentos de impugnación: exposición de los motivos jurídicos o de hecho por los que se considera que el acto es incorrecto (por ejemplo, nulidad, error, indefensión, vulneración de derechos).
4. Órgano ante el que se recurre: el recurso debe dirigirse correctamente al órgano competente (por ejemplo, recurso de alzada ante el superior jerárquico).
5. Notificaciones: debe indicarse un medio para recibir notificaciones: dirección postal, correo electrónico certificado, registro electrónico, según lo permita la Administración.
6. Firma y fecha: el escrito debe ir firmado y fechado por el recurrente (o su representante).

En este punto, es muy importante respetar los plazos legales según el tipo de recurso (alzada, reposición, revisión), porque perder el plazo puede implicar perder la oportunidad de impugnar el acto.

¿Es necesario contar con un abogado para presentar un recurso administrativo?

No siempre es obligatorio contar con un abogado para presentar un recurso administrativo. De hecho, la Ley 39/2015 no exige la asistencia letrada para muchos de estos recursos, salvo que lo exija una normativa específica o el órgano así lo determine.

Sin embargo, hay circunstancias en las que recurrir sin asesoramiento puede ser especialmente arriesgado:

• El acto impugnado es complejo (por ejemplo, un despido laboral, una sanción grave o una decisión sanitaria relevante) y tiene consecuencias gravosas.
• Tienes que fundamentar cuestiones jurídicas delicadas, complicadas y muy técnicas (vicios de nulidad, vulneraciones de derechos, errores de hecho o documentación compleja).
• Quieres maximizar tus probabilidades de éxito o evitar errores en la redacción, los argumentos o la estrategia.

En general, lo más recomendable es contar con el apoyo, el consejo y la asistencia de un profesional experto en derecho administrativo. En Javaloyes Legal, entendemos la carga emocional y legal cuando necesitas recurrir una decisión importante. Por eso, contamos con un sólido equipo preparado para presentar recursos sólidos, claros y efectivos que defiendan tus derechos con rigor y humanidad.