¿Qué es el derecho de uso y disfrute de la vivienda familiar?
El derecho de uso y disfrute de la vivienda familiar consiste en la facultad que reconoce la ley para que una persona, por lo general, el cónyuge custodio o el más necesitado de protección, permanezca en la vivienda que servía de hogar familiar tras la ruptura.
Tal derecho se establece en el artículo 96 del Código Civil , que dispone que, a falta de acuerdo de los cónyuges aprobado por el juez, el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden. Si existiese el caso de que no todos los hijos quedan con el mismo progenitor, será un juez el que decida cómo se procederá.
Cuando no hay hijos, el artículo 96 del Código Civil permite atribuir temporalmente el uso de la vivienda al cónyuge no titular cuando, atendidas las circunstancias, su interés sea el más necesitado de protección. La autoridad judicial determinará el tiempo de duración que considere prudente en función de las circunstancias del caso.
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El factor determinante: ¿Hay hijos menores de edad o dependientes?
La existencia de hijos menores de edad o de personas que dependan económicamente de quien tiene el uso y disfrute de la vivienda determinará la duración del derecho.
De acuerdo al sistema jurídico español y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el objetivo es preservar la estabilidad del núcleo familiar, de modo que la persona con la guarda o custodia mantiene el domicilio mientras exista una necesidad real de alojamiento por parte de los menores o dependientes.
¿Hasta cuándo dura el uso de la vivienda si hay hijos menores?
La edad de los hijos tiene una importancia fundamental para determinar la duración del derecho de uso. Cuando existen hijos comunes menores de edad, el artículo 96 del Código Civil establece, como regla general y en defecto de acuerdo aprobado judicialmente, que el uso corresponde a estos y al progenitor en cuya compañía queden hasta que todos alcancen la mayoría de edad.
Cuando los hijos mayores de edad carecen de independencia económica, sus necesidades de vivienda ya no prolongan automáticamente el derecho de uso del artículo 96, sino que deben atenderse a través del régimen de alimentos entre parientes.
¿Qué ocurre si los hijos son mayores de edad, pero no son independientes económicamente?
Cuando todos los hijos alcanzan la mayoría de edad, la falta de independencia económica no prolonga por sí sola el derecho de uso atribuido por razón de su minoría de edad.
El artículo 96 del Código Civil establece que, extinguido ese derecho de uso, las necesidades de vivienda de los hijos mayores que carezcan de independencia económica deberán atenderse mediante las reglas de alimentos entre parientes.
Existe un régimen específico para determinados hijos con discapacidad cuando las circunstancias hacen conveniente que continúen utilizando la vivienda familiar, en cuyo caso la autoridad judicial puede fijar la duración correspondiente.
El uso de la vivienda familiar cuando no hay hijos
Cuando no existen hijos a los que resulte aplicable la protección prevista en el artículo 96.1, la atribución de la vivienda al cónyuge no titular tiene carácter temporal. La autoridad judicial podrá concederla cuando las circunstancias lo aconsejen y su interés sea el más necesitado de protección, fijando prudencialmente su duración.
El cónyuge más desprotegido económicamente puede recibir una pensión compensatoria suficiente que le garantice el derecho de habitación (artículo 97 a 101 CC), o bien se le puede atribuir el uso de la vivienda familiar de forma temporal.
Causas que extinguen el derecho de uso antes de tiempo
El derecho de uso y disfrute de la vivienda familiar puede extinguirse antes del plazo previsto al inicio. La causa principal es la desaparición de la condición que motivó la medida: por ejemplo, cuando los hijos dejan de ser menores o cesa la dependencia económica.
El abandono definitivo de la vivienda por quien tenía atribuido su uso o un cambio relevante de las circunstancias puede justificar su extinción o modificación. Asimismo, la convivencia estable con una nueva pareja puede ser relevante para revisar judicialmente el derecho de uso, al alterar las circunstancias que se tuvieron en cuenta cuando fue atribuido.
La existencia y efectos de estas circunstancias deberán valorarse en cada caso y, cuando exista una medida judicial previa, podrá ser necesario solicitar su modificación.
Las partes pueden alcanzar acuerdos sobre la modificación o extinción del uso, sujetos a los requisitos que correspondan en función de las circunstancias familiares. Asimismo, un cambio sustancial de las circunstancias que motivaron la atribución puede permitir solicitar judicialmente su modificación o extinción.
Por último, la mejora de la situación económica del cónyuge beneficiario del uso o el empeoramiento de la situación económica del otro cónyuge serán causas de extinción cuando el uso se atribuyó con carácter temporal por razón de necesidad.
¿Quién debe pagar la hipoteca, el IBI y los gastos de la casa mientras dure el uso y disfrute?
La atribución del uso de la vivienda familiar no convierte al beneficiario en propietario ni modifica por sí sola las obligaciones vinculadas a la titularidad del inmueble. Por ello, debe distinguirse entre los gastos derivados del uso y los relacionados con la propiedad.
- Suministros: con carácter general, los consumos individualizables de agua, electricidad, gas, teléfono u otros servicios corresponden a quien utiliza la vivienda.
- Comunidad de propietarios: frente a la comunidad, la obligación legal de contribuir a los gastos comunes corresponde al propietario o propietarios. No obstante, la resolución judicial que regule las medidas familiares puede establecer determinadas obligaciones entre los excónyuges respecto de estos gastos.
- IBI: se trata de un tributo vinculado a la titularidad del inmueble, por lo que su pago corresponde, con carácter general, al titular del derecho que determina la condición de sujeto pasivo.
- Hipoteca: la atribución del uso de la vivienda no altera por sí sola quiénes son los deudores del préstamo hipotecario. Su pago dependerá del contrato suscrito con la entidad financiera, de la titularidad de la vivienda y, en las relaciones internas entre los excónyuges, del régimen económico matrimonial y de las medidas o acuerdos que resulten aplicables.
Cuando la vivienda pertenece a ambos cónyuges o formaba parte de la sociedad de gananciales, será necesario analizar la titularidad, el régimen económico matrimonial, la eventual liquidación y las obligaciones asumidas por cada uno, sin que el mero hecho de residir en la vivienda determine automáticamente quién debe soportar todas estas cargas.
El Supremo ha reiterado, además, que las cuotas hipotecarias destinadas a adquirir la vivienda no son simplemente una carga del matrimonio.
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