¿Qué es la prejudicialidad en el contencioso-administrativo?
Imagina que estás en un juicio y, para poder resolver tu caso, el juez necesita saber primero qué va a decidir otro juez en un asunto diferente pero relacionado. Eso es, en esencia, la prejudicialidad. De manera que estamos ante una situación en la que la resolución de un proceso (el principal) está condicionada o influenciada por la resolución de otro proceso (el perjudicial).
En el ámbito contencioso-administrativo, por lo general, sucede cuando la legalidad de un acto administrativo depende de que se aclare una cuestión civil, como, por ejemplo, la propiedad de un bien o, si es una cuestión penal, determinar si hubo un delito.
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Tipos de prejudicialidad en el proceso contencioso-administrativo
Saber distinguir los tipos de prejudicialidad te ayudará a determinar cuál es la forma correcta de actuar ante un asunto que perjudique tu proceso. A este respecto, se conocen tres tipos de prejudicialidad:
Prejudicialidad contencioso-administrativa
A veces, dentro de la propia rama administrativa, una cuestión planteada en un procedimiento necesita ser resuelta en otro. Por ejemplo, que la validez de una sanción dependa de la interpretación de una norma que está siendo discutida en otro litigio administrativo.
Entonces, se habla de prejudicialidad en el procedimiento contencioso-administrativo cuando la iniciación o resolución de un proceso está subordinada a una decisión previa de la administración.
Dentro del ámbito contencioso-administrativo, los tribunales pueden resolver cuestiones prejudiciales no administrativas si están directamente relacionadas con el recurso, aunque su decisión no tenga efecto fuera de ese proceso.
Prejudicialidad civil
La decisión de un juez contencioso-administrativo depende de una cuestión que debe resolverse en la jurisdicción civil. Por ejemplo, casos donde la determinación de la responsabilidad civil de alguien afecta la legalidad de un acto administrativo.
Supone actuaciones de las partes y otros intervinientes en un proceso que, sin ser directamente ilícitas en el ámbito penal, causan un perjuicio al desarrollo normal del procedimiento, a la otra parte o a la administración de justicia. No se trata de una sanción penal, sino de una medida para asegurar la efectividad de la tutela judicial y el correcto funcionamiento del sistema.
La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil establece que todos los intervinientes en un proceso deben actuar conforme a las reglas de la buena fe procesal. Su finalidad es garantizar que la justicia civil sea efectiva, es decir, que las resoluciones judiciales sean más rápidas y tengan una capacidad real de transformar las situaciones.
Implica un acercamiento de la justicia al ciudadano, no solo en apariencia, sino en la estructura procesal del trabajo jurisdiccional. En tal sentido, la prejudicialidad civil dentro de la LEC se enfoca más en el mal uso del proceso judicial en sí mismo.
El artículo 43 de la LEC menciona tipologías de prejudicialidad homogénea y heterogénea en este ámbito.
Prejudicialidad penal
Ocurre cuando, en un proceso civil, laboral o administrativo, es necesario que un juez penal se pronuncie sobre la existencia de un delito o la participación de una persona en él.
Por regla general, los tribunales pueden resolver cuestiones prejudiciales de otras jurisdicciones. Sin embargo, según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso‑Administrativa, en su artículo 75, cuando se plantea una cuestión prejudicial penal, se aplica la excepción de devolutividad. En consecuencia, si la resolución penal es determinante para el asunto principal, el procedimiento civil, laboral o administrativo se suspende hasta que el juez penal resuelva.
El artículo 40 de la LEC indica que, si en un proceso civil aparece un hecho delictivo, el tribunal civil lo comunicará al Ministerio Fiscal. No obstante, la suspensión del proceso civil solo se ordenará si se acredita una causa criminal en investigación y si la decisión penal pudiera tener una influencia decisiva en el asunto civil, y solo cuando el proceso civil esté pendiente de sentencia.
Vale mencionar que la prejudicialidad penal también opera para evitar sentencias contradictorias. Además, la conexión interna entre los asuntos es clave para aplicar la prejudicialidad, de modo que la decisión en una jurisdicción sea determinante para la otra.
Suspensión del procedimiento de prejudicialidad
La suspensión de un procedimiento por prejudicialidad implica detener el proceso hasta que se resuelva la cuestión que debe ser decidida por otro orden jurisdiccional o por un tribunal de otra especialidad. Dicha detención busca asegurar que la decisión de la cuestión prejudicial sea determinante para la resolución del caso principal.
Cuando se determina que existe una situación de prejudicialidad, el tribunal competente debe valorar si procede la suspensión del procedimiento. Si se acuerda la suspensión, esta se hace de forma inmediata, sin necesidad de esperar a que el procedimiento principal concluya. Esta se materializa mediante un auto judicial.
Ahora bien, la duración de la suspensión está ligada al tiempo que tarde en resolverse la cuestión prejudicial. De tal manera que no existe un plazo fijo y preestablecido en la ley que determine cuánto tiempo puede durar, pero se espera que la resolución de la cuestión prejudicial se produzca en un tiempo razonable.
Por lo general, la suspensión es la regla cuando se acredita una causa penal relacionada con los hechos del proceso civil y cuya resolución pueda ser decisiva. Sin embargo, existen excepciones como la presunta falsedad documental. En este caso, no se acordará la suspensión si la parte interesada renuncia al uso del documento.
Efectos de la suspensión del procedimiento por prejudicialidad
Sin duda, el efecto de la suspensión es la paralización del procedimiento judicial hasta que la cuestión prejudicial sea resuelta. De esta manera se garantiza que la decisión final del tribunal principal se base en un pronunciamiento previo y definitivo sobre la cuestión prejudicial.
En Javaloyes Legal, somos expertos en estos procedimientos complicados. Así que si tienes dudas o necesitas asesoramiento sobre tu caso, no dudes en contactarnos. Estamos aquí para ayudarte a encontrar la mejor solución y proteger tu bienestar legal ante una prejudicialidad en procedimientos contencioso-administrativos.
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