10/06/2010, Expansión, por José Antonio Párraga Domínguez
La reforma laboral es necesaria, pero llega tarde y bajo presión, por lo que es de temer que sea insuficiente, por superficial, y en consecuencia, poco efectiva.
Acometer una reforma del mercado laboral seriamente conlleva modificar las reglas de juego del centro mismo del entramado social, y en todo caso debería afectar, al menos, a aspectos como la educación, la formación, el tejido productivo y la cohesión social en general. Vuelve a discutirse sobre la indemnización y sobre la ampliación de los supuestos para los despidos objetivos, parece que sin la suficiente imaginación para establecer mecanismos que favorezcan realmente la estabilidad laboral y, lo que siempre ha sido una evaluación pendiente, la productividad.
Ahora que la doctrina más reputada está de acuerdo en conceder al emprendedor su valor como generador de riqueza y empleo, sería interesante abordar en este clima la oportunidad de la reforma laboral con el fin de mejorar la estabilidad tanto de los trabajadores como de las empresas. Estamos en un momento de oportunidad para conseguir un nuevo modelo más productivo y estable, poniendo en cuestión todo el sistema de relaciones laborales y sus costes salariales y sociales.
Puede que sea importante, antes de discutir cuáles son las obligaciones en caso de despido, estudiar la manera de que éste no se produzca, o que al menos sea menos frecuente. Y para este cometido sí es necesaria una profunda reforma en la flexibilidad de las condiciones de trabajo que se regulan, tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en los distintos convenios colectivos. Las cuestiones correspondientes a modificación de funciones, turnos, horarios, conciliación familiar e incluso la flexibilidad salarial, son elementos esenciales para una mejor organización de los recursos humanos de las empresas y que pueden derivar en una mayor estabilidad, de la propia empresa y, por tanto, de sus puestos de trabajo.
Por qué no hacer el esfuerzo también por parte de los poderes públicos. Aquellas empresas que demuestren una mejor organización de sus recursos humanos, con un crecimiento sostenible de los mismos y que, por ende, contribuyen a una mayor estabilidad en el empleo, deberían ser merecedoras de contraprestaciones en sus costes sociales. Es necesario contribuir a que el sistema productivo se vaya conformando con sectores y empresas que sean más capaces de absorber las dificultades de la economía; es evidente que ni nuestra fuerza de trabajo, ni nuestro tejido empresarial y productivo, están, hoy por hoy, en condiciones de resistir un embate como el de esta crisis.
Sería un elemento esperanzador que la reforma de la regulación del mercado de trabajo abandonara la actual rigidez, que no beneficia a nadie. El esfuerzo por mantener una oferta de trabajo lo más rica posible es lo más razonable para evitar la situación de desempleo y no la amenaza de un coste económico elevado.
Es necesario encontrar el equilibrio durante la vigencia del contrato, al menos con carácter previo a plantearse quién debe soportar los costes, cómo se distribuyen y cuánto cuesta la protección del trabajador cuando llega al desempleo. Por ello, los agentes sociales deberían hacer hincapié en la adaptabilidad del contrato de trabajo a las distintas situaciones por las que vive la realidad de la empresa y el entorno en el que está encuadrada.
Es preciso encontrar fórmulas novedosas que permitan la estabilidad del trabajador, no del puesto de trabajo, estabilidad del trabajador que sea productivo a la empresa u organización en la que está prestando sus servicios, y que contribuya a la mejor situación de la misma, siendo precisamente esta contribución productiva del trabajador la que es digna de protección en situaciones de crisis.
Con las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para alcanzar altos niveles de conocimiento y de concreción, no ser ambiciosos en lo objetivos para lograr un sistema que permita una verdadera adaptación de nuestra regulación laboral a la realidad económica cambiante actual es una pérdida de oportunidad.
Y para conseguirlo no basta con la modificación del Estatuto de los Trabajadores, o de las normas de la negociación colectiva, sino que es necesaria la revisión de la Ley General de la Seguridad Social, la reforma fiscal e incluso sería necesario un pacto educativo serio, que permitiera el acceso al mercado de trabajo de personas con mejor formación.
Objetivos ambiciosos
A nadie se le puede escapar que son objetivos demasiado ambiciosos para la reforma que se anuncia, que no va a responder más que a una situación inmediata como es la necesidad del Gobierno de salvar la cara en el marco del Consejo Europeo. Difícilmente semejante reforma, si es que se le puede calificar así (ya veremos en qué queda), va a contribuir a mejorar las condiciones de empleabilidad y de estabilidad de los trabajadores, que son elementos fundamentales para conseguir recuperar el crecimiento económico.
Un abaratamiento de las condiciones para la extinción de la relación laboral puede contribuir en un primer momento a aumentar la contratación, pero no va a mejorar la estabilidad de los trabajadores. La mayor dificultad para el despido no ha sido óbice para alcanzar los actuales niveles de desempleo. Las soluciones no pueden ir solamente en esta dirección. Quizá sea necesario esperar a una situación más favorable para conseguir una verdadera reforma laboral, fruto de un consenso social y político amplio y, por qué no, de una mayor inteligencia.
José Antonio Párraga Domínguez,Abogado de Javaloyes Legal
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